El Congreso de Guatemala nuevamente no logró elegir a los directores titulares y suplentes que integrarán el directorio de la futura Superintendencia de Competencia, un órgano esencial para fomentar la competencia justa y evitar prácticas monopólicas en el país. Aunque el tema estaba incluido en la agenda legislativa y se tenía la expectativa de progresar en la nominación de las autoridades, la sesión se desintegró sin alcanzar ningún consenso.
Con esta nueva prórroga, se acumulan ya numerosos intentos fallidos por parte del Legislativo para satisfacer este requisito legal, lo cual ha generado inquietud entre grupos económicos y sociales que exigen transparencia, rapidez y responsabilidad institucional en el procedimiento.
El Congreso tiene la atribución de elegir a los cinco miembros del directorio —tres titulares y dos suplentes— de una nómina de candidatos previamente evaluados y enviados por la Comisión de Postulación, la cual llevó a cabo un proceso de selección que incluyó análisis de hojas de vida, entrevistas y revisión de tachas. El listado final incluye aspirantes con perfiles técnicos en economía, derecho y administración pública.
Aunque no se ha llegado a acuerdos entre los diferentes bloques, el progreso en la votación se ha visto obstaculizado. En la última sesión, varios legisladores salieron del pleno antes de que comenzara el debate, lo que resultó en la ausencia del quórum requerido para proceder con la elección.
La fundación de la Superintendencia de Competencia fue aprobada en 2022 como parte de una reforma diseñada para fortalecer el marco institucional económico del país y cumplir con compromisos internacionales, incluyendo requisitos para acceder a algunos tratados comerciales. Este organismo tendrá como funciones principales investigar y penalizar conductas anticompetitivas, supervisar los mercados y fomentar condiciones justas para los diversos participantes económicos.
No obstante, la falta de designación de su directorio ha impedido que la entidad pueda iniciar operaciones. Mientras tanto, se acumulan denuncias sobre posibles abusos de posición dominante en sectores estratégicos, lo que hace aún más urgente la entrada en funcionamiento de la Superintendencia.
Diversas entidades del sector privado y grupos de la sociedad civil han expresado su preocupación debido a la paralización del proceso. Ellos creen que esta circunstancia no solo obstaculiza el uso de un instrumento crucial para incrementar la competitividad, sino que también proyecta mensajes negativos hacia los inversionistas y afecta la solidez de la institucionalidad democrática.
Varios legisladores han expresado su interés en proseguir con las conversaciones para lograr consensos en la siguiente sesión plenaria. No obstante, diversos grupos señalan que hay intereses políticos que intentan poner trabas a la elección, ya sea por desacuerdos sobre los perfiles sugeridos o por cálculos estratégicos asociados a cuotas de poder.
La normativa señala que el Congreso está obligado a seleccionar a los miembros del directorio con una mayoría calificada, lo que requiere un amplio consenso entre las distintas fuerzas presentes en el hemiciclo. En los intentos previos, la constante ha sido la insuficiencia de votos, a pesar de que la lista de aspirantes ha estado accesible durante varios meses.
A medida que pasa el tiempo, aumentan las presiones internas e internacionales para que el Legislativo cumpla su responsabilidad constitucional y permita el inicio de operaciones de la Superintendencia de Competencia.
El país sigue sin una entidad independiente que proteja un entorno económico equitativo, dejando a consumidores y pequeñas empresas sin una defensa adecuada ante posibles prácticas injustas de grandes corporaciones. Esto refleja las dificultades estructurales que enfrenta el sistema político guatemalteco para tomar decisiones importantes, incluso en asuntos de interés común que podrían favorecer significativamente el progreso económico.
El desafío actual para los diputados es retomar el impulso legislativo y mostrar su dedicación hacia la renovación institucional. Elegir el directorio no solo implicaría cumplir con una obligación legal, sino también avanzar hacia un sistema económico más justo y claro.