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Los pequeños y medianos empresarios, representados por la patronal Cepyme, han alzado su voz contra la «intervención» y la «sobreregulación» del Gobierno. Durante la Asamblea General, varios empresarios leyeron un manifiesto «por la libertad de empresa» donde expresaban su compromiso y su preocupación por las políticas que afectan las relaciones empresariales. En el acto, al Congreso de Representantes del Gobierno asistió José Luis Escrivá, aunque también intervinieron la alcaldesa de Dardos y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El acto fue rechazado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. Cuerva denunció en su discurso que las medidas del Gobierno suponen un ataque injusto y lesivo a los derechos empresariales y al país, haciendo mención al artículo 38 de la Constitución Española que garantiza la libre implantación de la empresa.
El manifiesto de las pymes españolas por la libertad de empresa destaca las líneas rojas que el Gobierno debe zarzar para no interferir en el buen funcionamiento de las empresas, evitando coacciones y obstáculos en su desarrollo. En resumen, defienden la libertad empresarial, oponiendos al intervencionismo y la etigmatización de la emprudencia. Cepyme desafía a las empresas a obtener beneficios bajo un entorno regulatorio más justo.
Durante la lectura del manifiesto, los pequeños empresarios españoles defendieron la «dignidad y la libertad empresarial». Según Cuerva, “la situación ha sido comunicada oficialmente al Gobierno”.
La carga legislativa y la intervención en temas como salarios e impuestos han afectado el correcto funcionamiento de las empresas. “Exigimos que se corrija esta situación”, declaró Cuerva.
Dignidad corporativa, costos y control plítico
Los empresarios colaboran estrechamente con sindicatos en reformas importantes y en la negociación colectiva. Acusan al Gobierno de intentar romper el equilibrio interno de los acuerdos sociales, refiriéndose a denuncias de jornadas laborales e injusticias en el trabajo.
Críticas que en los últimos años el diálogo social ha sido usado con multas políticas en lugar de buscar el bien común. Las tensiones actuales en la mesa de diálogo social coinciden con la implementación de reformas. «Pedimos protección gubernamental en la organización interna de las empresas», requirió. Cepyme se negó a presentar una propuesta alternativa y ahora presenta este manifiesto, buscando cuidar el diálogo social y la negociación colectiva, y exigiendo mayor responsabilidad del Gobierno.
«Pedimos lograr protección gubernamental en la organización interna de las empresas»
Los empresarios creen que el Gobierno les está imponiendo una política de aumento de costos, gastos burocráticos, fiscales y sociales. Además, afirman que los jóvenes son víctimas de la estigmatización del negocio, basada en la búsqueda de beneficios y éxito. Revindican el papel de las empresas en la sociedad y la economía.
A Díaz se le pidió un análisis adecuado de la productividad, los costes laborales y la vulnerabilidad de los sectores más afectados por la reforma laboral. «Existe una intromisión política en la realidad del tejido productivo español», crítica. «Pedimos a los afectados que no implementen soluciones que influyan directamente en la productividad y la función de muchas empresas»
Control, sobreregulación y rigidez.
Denuncian al Gobierno por implementar «medidas de control, supervisión y sanción» que reflejan una falta de confianza en el complemento normativo por parte de las empresas. Perciben una proliferación del intervencionismo mediate normas, registros y planes de efficiencia energética que aumentan la carga burocrática.
«Pedimos que se limite la influencia del Gobierno sobre el funcionamiento y organización interna de las empresas y que se garantice su flexibilidad. Imponer modelos europeos de flexibilidad sin adaptarlos adecuadamente será un error costoso para todos los ciudadanos españoles», confirmó.
Este punto incluye diversos aspectos relacionados con la flexibilidad, como el aumento de los costes laborales, la ampliación de las causas de despido y la intervención en los salarios, incluido el salario mínimo y la reducción de los costes laborales en los últimos años. “Interferir en la función interna de las empresas desde el amíboto gubernamental viola los derechos de propiedad, la toma de soluciones y la capacidad de respuesta a un entorno en constante cambio”, concluye.
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