En el mes de febrero, el mandatario obtuvo un segundo mandato, a pesar de que la Carta Magna no permite la reelección consecutiva. Su partido posee una mayoría significativa en el Congreso, base sobre la cual desarrolló cambios que posibilitaron su candidatura y agilizan la aprobación de leyes con escasas restricciones.
Extensión del régimen de excepción
A partir de marzo de 2022, se instauró un estado de emergencia que suprime derechos esenciales, abarcando el proceso debido y limitaciones a las libertades civiles. Inicialmente diseñado como una medida temporal ante el incremento de asesinatos relacionados con pandillas, el estado ha sido extendido más de 30 veces con el respaldo del poder legislativo.
Este método ha facilitado la realización de más de 85,000 arrestos arbitrarios, con grupos mixtos de seguridad operando a gran escala. El número incluye a menores arrestados por supuesta conexión con el crimen organizado, una situación que recibe críticas por exponerlos a procedimientos inadecuados y sanciones.
Infracciones registradas y censura global
Grupos defensores de los derechos humanos han señalado estas acciones como infracciones sistemáticas: detenciones sin justificación, maltratos, torturas, despidos injustificados y serias deficiencias en el sistema judicial hrw.org. Reportes indican que menores de edad están siendo llevados a prisiones comunes para adultos, a pesar de los criterios internacionales que lo prohíben. Al menos 368 individuos han fallecido en dichos lugares durante este tiempo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que, aunque el régimen constitucional permite suspender garantías en emergencias, este debe ser proporcional y temporal. En este caso se ha convertido en una medida indefinida y abusiva, con severas consecuencias políticas y sociales .
Sistema penitenciario extenso y hacinamiento
Para dar soporte al régimen, se construyó el polémico CECOT, una instalación penitenciaria con capacidad para más de 40,000 reclusos, pero que opera en condiciones inhumanas: alto hacinamiento y régimen carcelario estricto. Esta mega-cárcel ha sido definida como un “agujero negro” de derechos humanos donde se priva de recreación y visitas, y se imponen castigos severos sin supervisión real.
Las cárceles en el país están desbordadas: el número de prisioneros ya ha sobrepasado los 94,000, mientras que la capacidad está entre 30,000 y 70,000 con la infraestructura recientemente añadida amnesty.org+4es.wikipedia.org+4theguardian.com+4. En un sistema extremadamente sobrecargado, son comunes las redadas masivas, veredictos automáticos y condiciones adversas que ponen en peligro la seguridad de los internos.
Respaldo ciudadano y encrucijada democrática
Aunque el sacrificio de libertades es significativo, el régimen sigue gozando de un alto nivel de aceptación. Las autoridades sostienen que la decisión pone la seguridad pública en primer lugar, y una buena porción del pueblo apoya esta postura debido a la notable caída en las tasas de asesinatos.
No obstante, entidades internacionales y actores legales han señalado que este sistema autoritario, respaldado por el poder legislativo fortalecido por el Ejecutivo, supone una degradación de los controles institucionales y el respeto al Estado de derecho.
Inquietud por niños y repatriados
Ha surgido una crítica intensa acerca del traslado de menores a prisiones para adultos, lo que infringe derechos esenciales y pone en riesgo las infraestructuras diseñadas para situaciones particulares.
Además, Human Rights Watch describe las expulsiones desde Estados Unidos como “desapariciones forzadas” cuando las personas devueltas son encarceladas sin un juicio o cargos justos.
Evaluación final: ¿protección sacrificando los derechos?
El desempeño en términos de seguridad es indiscutible: El Salvador ha mostrado durante varios años cifras históricamente bajas en homicidios y concluyó 2024 con una tasa de 1.9 por cada 100,000 habitantes.
No obstante, el enfoque ha afectado derechos esenciales y ha erosionado significativamente instituciones como la Fiscalía y la Corte Suprema, las cuales ahora están completamente bajo el control del Ejecutivo elpais.com.
El conflicto es complejo: ¿es justificable renunciar a protecciones constitucionales, libertades individuales y derechos humanos para obtener una seguridad autoproclamada? El porvenir presenta retos: la consolidación de este modelo y su continuidad después del período excepcional.