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Los familiares y amigos de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial fallecido el 9 de agosto de 2023 al finalizar una misión en Quito, traerán un plan para exigir justicia por su muerte. El encuentro se llevará a cabo el próximo 27 de junio en la favela Complejo Judicial Norte de Amazonas y Villalengua, a partir de las 11:00 horas.
Dos días antes, el 25 de junio, se planteará la audiencia de los cinco imputados en el mismo complejo judicial. Si lo acusan de ser el autor directo (1), el coautor (1) y los cómplices (3) del crimen, y el público está programado para las 08:30.
Amanda Villavicencio, hija del político, dijo en un comunicado que el Tribunal de Justicia tiene la responsabilidad de juzgar a los autores de los materiales del burro, pero afirmó que la necesidad de justicia no ha terminado del todo. Pide que se investiga a fondo a los autores intelectuales de este crimen en busca de verdad y responsabilidad.
Parte de esta iniciativa es proponer ideas para expresar agilidad y verdad en este caso.
El 20 de junio, familiares, amigos y simpatizantes de Fernando Villavicencio se manifestaron frente al edificio de la Fiscalía General del Estado de Quito para exigir celeridad en los procedimientos judiciales contra los autores materiales del crimen y posibles líderes intelectuales.
Alexandra Villavicencio, hermana de Fernando, se sumó al grupo y expresó el reclamo de “justicia y verdad” en el caso. También se informó que la instalación pública contra los materiales de los presuntos autores estaba prevista para abril, pero se llevó a cabo en varias ocasiones debido a cambios en los procedimientos.
Alexandra también mencionó que ocasionalmente informó a la comisión aprobada por la Asamblea Nacional encargada de investigar el caso. Esta comisión concluyó que el crimen fue resultado de la creciente inseguridad en el país y no fue un delito con motivación política, a diferencia de lo que sugería información no aprobada.
Según la información elaborada por el asambleísta Adrián Castro (ADN), se atribuyen posibles responsabilidades al expresidente Guillermo Lasso, al exministro del Interior Juan Zapata y a la cúpula de la Policía Nacional.
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