El Gobierno está negociando intensamente en el Congreso para intentar sacar adelante la reforma de la Ley de Extranjería, que busca distribuir obligatoriamente entre las comunidades autónomas a los menores inmigrantes no acompañados. Sin embargo, la propuesta fue nuevamente rechazada por el Congreso de los Representantes. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, actuó de mediador pero no logró llegar a un acuerdo.
Durante el pleno, el PP y Junts enviaron la iniciativa al PSOE, Sumar y Coalición Canaria, que decidieron retirar la reforma. Tanto Junts como Vox confirmaron su oposición desde el principio.
La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido se mostró dispuesta a apoyar el texto si se aporta la información necesaria para su implementación. Sin embargo, destacó que cualquier avance dependerá de la cooperación del PSOE y Sumar. “Si no hay avances en las próximas horas, es mejor no votar y seguir hablando”, afirmó. La enmienda al artículo 35 de la Ley de Inmigración tiene como objetivo abordar la situación de los menores inmigrantes no acompañados en regiones muy superpobladas.
Por otra parte, Junts votó en contra del mandato deficitario del Gobierno, que podría afectar a los presupuestos para 2025. El vicepresidente de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, anunció la oposición de su partido al plan, subrayando la necesidad de estabilidad presupuestaria.
Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si se rechaza el mandato, el gobierno debe fijar un nuevo objetivo en un plazo de cuatro semanas. De aprobarse esta nueva propuesta, tendrá que pasar al Senado, donde podría estar sujeta a mayores cambios.
La falta de un mandato de estabilidad complica la presentación de los requisitos necesarios para 2025, crucial antes de finales de septiembre para la inclusión del próximo año. Hasta ahora, el gobierno no ha cumplido ninguna condición previa durante esta legislatura, lo que complica aún más las negociaciones con sus socios políticos.
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