El desbalance fiscal empeoró nuevamente durante mayo, llegando al 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el balance del Gobierno Central y el Banco de Previsión Social (GC-BPS) en el último año concluido. Este número indica un empeoramiento de 0,4 puntos porcentuales en comparación con el lapso móvil previo, lo que vuelve a alertar a las autoridades económicas en un momento crucial para la planificación del presupuesto del próximo mandato gubernamental.
El reciente dato se alinea con una tendencia que preocupa a la gestión económica, debido a que restringe el margen para elaborar el siguiente Presupuesto Nacional. Con una economía que comienza a mostrar indicios de estancamiento en ciertas áreas y una presión creciente de grupos sociales y políticos que exigen más recursos, el incremento del déficit fiscal destaca las complicaciones para lograr un equilibrio entre la disciplina fiscal y las demandas sociales.
De acuerdo al informe oficial, la caída del resultado fiscal se debe, principalmente, a una reducción de los ingresos corrientes tanto del Gobierno Central como del Banco de Previsión Social. En conjunto, los ingresos se situaron en el 27,1% del PBI, un retroceso de 0,2 puntos porcentuales respecto del período anterior. Esta baja se explica por un descenso del 0,1% del PBI en la recaudación del Gobierno Central y una disminución de igual magnitud en los ingresos del sistema previsional.
Aunque los ingresos de la Dirección General Impositiva (DGI) experimentaron un ligero aumento del 0,1% del Producto Bruto Interno, este crecimiento no fue suficiente para contrarrestar la disminución general. La disposición de los ingresos continúa revelando debilidades, especialmente debido a la carencia de actividad en algunos sectores económicos que afectan directamente la recaudación de impuestos.
Simultáneamente, los gastos básicos del Gobierno Central y del Banco de Previsión Social subieron, alcanzando el 28,2% del PBI, lo cual supone una subida de 0,2 puntos porcentuales. Este incremento se debe a un aumento en las transferencias desde tanto el Banco de Previsión Social como el Gobierno Central, además de un crecimiento en el gasto de inversiones de este último. Aunque estos desembolsos están alineados con políticas públicas y compromisos sociales, aumentan el déficit fiscal.
En lo que refiere al pago de intereses de deuda, estos se mantuvieron estables en 2,5% del PBI, sin variaciones respecto al mes anterior. Este factor no influyó en el deterioro del resultado fiscal, aunque sí continúa representando una carga significativa para las cuentas públicas.
Por otra parte, los resultados del Banco Central del Uruguay (BCU) evidenciaron una ligera mejoría, alcanzando el -0,9% del PIB, debido a una disminución en los intereses pagados. No obstante, el resultado total del Sector Público consolidado (que abarca todas las entidades estatales) se situó en -3,8% del PIB, indicando un empeoramiento de 0,1 puntos porcentuales en comparación con la cifra de abril.
El ámbito impositivo pone a prueba los propósitos del gobierno, que había expresado su deseo de conservar el control sobre el déficit como parte de una táctica de estabilidad macroeconómica. No obstante, las limitaciones financieras, junto con las necesidades sociales y las esperanzas puestas en el nuevo ciclo de administración, complican lograr este objetivo sin acudir a ajustes o cambios estructurales.
Este contexto vuelve a encender las alarmas en torno a la sostenibilidad de las finanzas públicas. La postergación de decisiones clave, como la reforma de algunas cajas previsionales —entre ellas la de profesionales— también podría tener un impacto negativo en los próximos meses, aumentando las tensiones fiscales.
La situación obliga al equipo económico a revisar proyecciones y evaluar posibles correcciones en la planificación financiera. Con la Rendición de Cuentas en el horizonte cercano y un escenario regional complejo, las cifras de mayo marcan un punto de inflexión en la estrategia fiscal del gobierno, que deberá decidir entre mantener el rumbo o ajustar el timón.